La estructura demográfica de la comunidad cuenta con un porcentaje superior al 20 por ciento de personas mayores de 65 años
Jueves, 13 de marzo de 2014, a las 14:14
Ricardo Martínez Platel / Redacción.
El Gobierno considera muy necesaria la reforma del sistema de financiación, que desde Madrid se pretende llevar a cabo a lo largo de este 2014. El actual modelo, aprobado en el año 2009, resulta “claramente injusto para comunidades como Aragón, puesto que prioriza el criterio de población y beneficia por tanto a regiones con un elevado número de habitantes” apuntan desde Hacienda.
Por poner ejemplos, el gasto sanitario del sector de Teruel es de de 1.474 euros por persona, en un sector caracterizado por su un alto porcentaje de población rural, con un importante volumen de población mayor de 65 años y gran índice de dispersión. Esto supone casi el doble de gasto que el sector Zaragoza I, de naturaleza casi por completo urbana, muy baja dispersión y sector con menor número personas mayores de 64 años (882 euros por persona).
Así, la dispersión afecta directamente al coste de los servicios básicos, puesto que obliga a la Administración a mantener 125 centros de salud o 75 servicios sociales de base.
Además, no hay que olvidar el elevado nivel de envejecimiento de la población aragonesa, que se asocia directamente a los costes de servicios básicos como la salud o lo servicios sociales.
En concreto, la estructura demográfica de Aragón cuenta con un porcentaje superior al 20 por ciento de personas mayores de 65 años, tres puntos más que la media española. El índice de sobreenvejecimiento, que se calcula según el número de personas mayores de 85 años y de 65, alcanza en Aragón un porcentaje del 16,1 por ciento
Fuente: Redacción Médica
viernes, 14 de marzo de 2014
El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas.
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español
La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.
El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.
La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).
El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.
Sanidad mixta catalana
En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.
Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.
Los contratistas entran a escena
Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad. Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.
La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:
Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.
Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.
Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.
Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).
Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.
Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos
Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.
En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.
También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.
Los convenios
El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española.
Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.
El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios". Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.
La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.
Fuente: www.eldiario.es
Aragón recibe de Madrid la mitad que en el 2011 para dependencia
La partida del 2013 fue más de 15 millones inferior a la recibida un año antes. El PSOE insiste en que, con Rudi, Aragón pierde siete beneficiarios cada día
La cantidad destinada por parte de la Administración General del Estado a la Ley de Dependencia en la comunidad de Zaragoza se ha reducido cerca de un 50% en los dos últimos años. Según apuntó ayer en la comisión de Sanidad la subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María Jesús Fraile, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada en el Congreso Susana Sumelzo (PSOE), la financiación en el 2013 fue de 25.627.087 millones de euros, mientras que en el 2012 la cifra fue de 41.041.370 euros y, en el 2011, 46.060.889 euros.
La cantidad destinada por parte de la Administración General del Estado a la Ley de Dependencia en la comunidad de Zaragoza se ha reducido cerca de un 50% en los dos últimos años. Según apuntó ayer en la comisión de Sanidad la subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María Jesús Fraile, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada en el Congreso Susana Sumelzo (PSOE), la financiación en el 2013 fue de 25.627.087 millones de euros, mientras que en el 2012 la cifra fue de 41.041.370 euros y, en el 2011, 46.060.889 euros.
Sumelzo denunció que el Gobierno de Rajoy "se ha ahorrado 15.414.283 euros para los dependientes de Aragón en el 2013" y recordó que "desde que gobierna Rudi, Aragón lidera la liquidación de la Ley de Dependencia". En este sentido, la parlamentaria indicó que "cada día se pierden en Aragón siete beneficiarios de la Ley de Dependencia, a más de 6.000 familias les han retirado la prestación económica, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho ha dejado de tenerlo" y subrayó que "Aragón tiene el triste récord de la destrucción de este derecho en España, con un 23,89%".
Sumelzo denunció que "existe un caos y un desastre total en el Departamento de Sanidad, en todas sus áreas, si bien creo que esta desidia e ineficacia está planificada para propiciar el desmantelamiento de lo público", y añadió que "detrás del desmantelamiento de la ley de dependencia del Gobierno del PP hay ideología, a golpe de real decreto-ley y de reducciones drásticas de partidas, quieren que el Sistema para la Autonomía y la Dependencia desaparezca".
Sumelzo recordó a la subsecretaria de Estado que la pregunta fue formulada en el pasado mes de octubre. "El Gobierno tiene un menosprecio total al Parlamento", indicó.
Marea Blancamartes, 25 de febrero de 2014
Un curso de la Policía Nacional acaba en una denuncia por la emisión de vídeos sexistas
El seminario, celebrado el lunes en Jaca, enseñaba el manejo de desfibriladores utilizando proyecciones de contenido erótico.
"Denigrante y humillante". Así definió una de las asistentes el curso del pasado lunes en el Palacio de Congresos de Jaca sobre el manejo de desfibriladores y que terminó con una denuncia presentada por ella en Comisaría.
La ponencia estaba organizada por la Policía Nacional a petición del Ayuntamiento y dirigida a agentes, también municipales. Un médico y un ATS, al parecer de Zaragoza y pertenecientes al Cuerpo, impartieron la formación. Uno de ellos utilizó vídeos explicativos sexistas y de alto contenido erótico.
Según la cursillista que denunció los hechos, el ATS advirtió, "de manera irónica", que en los vídeos aparecían mujeres en ropa interior e indicó que "había mujeres se habían sentido molestas en otras ocasiones". "Pero en ningún momento me pude imaginar lo que íbamos a ver en los vídeos", explicó la denunciante.
La Policía ha pedido disculpas por la emisión de los "vídeos inadecuados" en Jaca y ha afirmado que las imágenes no volverán a ser ofrecidas en nuevos cursos. Por su parte, desde CHA piden responsabilidades por los vídeos sexistas.
La gran paradoja de la sanidad española: Medicina Basada en la Evidedencia vs Gestión Sanitaria Basada en la Improvisación
Si algo ha dejado claro la torpe respuesta que nuestras autoridades están dando a la crisis económica actual, es que los profesionales sanitarios no podemos seguir aceptando por más tiempo, lo habitual como lo normal, ni seguir pasando consulta aislados de la mediocridad y la improvisación que
impregna las decisiones de nuestros gestores, mientras, como contraposición, nos exigimos rigor en nuestra práctica clínica diaria. Acostumbrados a una obscena politización de la sanidad, a la improvisación y a la ausencia de sistemas de información transparentes y objetivos, ha llegado el momento de plantear, y exigir, alternativas reales que fortalezcan las estructuras y garanticen la sostenibilidad a largo plazo de un sistema sanitario público, equitativo, eficiente y de calidad (largo plazo: dícese del periodo de tiempo que abarca más de un proceso electoral)
Para empezar, un análisis riguroso de la realidad, necesita de unos datos fiables en los que basar el verdadero diagnóstico del problema. En este sentido, aunque, probablemente, existen datos que, como meros números circulan entre los hospitales/centros de salud y las administraciones, realmente no existe un sistema de información en lo administrativo y en lo clínico que convierta esos datos en verdaderos indicadores de eficacia, calidad y eficiencia. Las comparativas de datos entre hospitales o centros de salud existentes en el antiguo INSALUD han desaparecido con las transferencias autonómicas hasta llegar a la absurda, pero normalizada situación, en la que no se considera una obligación de buen gobierno hacer de estos datos un uso transparente, y de la rendición de cuentas un hábito. Efectivamente, todo profesional sabe que sin un buen diagnóstico es imposible dar un adecuado tratamiento y que la mala planificación con objetivos alejados de criterios técnicos sólo da como resultado un mal diagnóstico.
De este modo, consideramos imprescindible la creación de un OBSERVATORIO profesional e independiente, que analice los datos de nuestro sistema sanitario en base a criterios de eficacia de la práctica clínica, de eficiencia en la utilización de los recursos, y de equidad en el acceso de la población a un sistema sanitario que, lejos de ser gratuito, pagamos entre todos con nuestros impuestos.
Un análisis riguroso de dichos datos debería hacerse, teniendo en cuenta, que los resultados en medicina, perdónennos los mercados, se miden en salud, y no en beneficios netamente económicos. Dicho esto, todos los economistas saben y la propia OMS lo refleja, que la salud de una población, más allá de otras consideraciones morales, es uno de los pilares sobre los que se asienta el bienestar económico. El dinero adecuadamente gastado en salud es siempre una inversión y no un gasto.
Una vez establecido que el análisis de los datos es un pilar para la mejora de nuestro sistema sanitario, se hace imprescindible la existencia de AUDITORÍAS independientes que certifiquen la veracidad de los datos para que la rendición de cuentas sea todo lo transparente que un sistema pagado con dinero público debe ser.
Ni que decir tiene que el funcionamiento, tanto del observatorio como de los órganos auditores, tienen que nacer de la independencia y el conocimiento técnico, y que su parasitación política nos volvería a conducir a diagnósticos y tratamientos erróneos.
Como referente cercano de priorización de políticas sanitarias participativas y transparentes, tenemos el reciente ejemplo del mandato del Gobierno británico a su NHS en relación al análisis de resultados en salud denominado Patient Reported Outcomes Measures (indicadores y resultados por centros en libre acceso en:
https://indicators.ic.nhs.uk/webview/ y www.ic.nhs.uk/proms)
En este sentido, consideramos fundamentales como Líneas rojas o Principios irrenunciables de Buen Gobierno de nuestro sistema sanitario:
-Sistemas de información veraces en lo administrativo y en lo clínico con indicadores de calidad, eficicacia y coste-efectividad.
-Creación de un observatorio independiente que analice y compare los datos.
-Creación de un órgano auditor independiente que verifique los datos.
Una vez garantizados estos puntos, se hace necesario la recuperación de los planes de salud donde se establezcan los recursos, los objetivos y las prioridades, en un flujo de información desde abajo retomando el concepto de las zonas básicas de salud como punto de partida de estos flujos bidireccionales que unen lo clínico con lo gestor.
Con respecto a los órganos directivos de nuestros hospitales/centros de salud, la Asociación Española de Directivos de la Salud, SEDISA, acaba de publicar un informe que resalta el inasumible problema de la politización de los directivos sanitarios, entre los que el 70% considera que su selección depende más de su afinidad política que de su formación en gestión.
(http://www.sedisa.net/archivosweb/files/NPSEDISAInformeProfesionalizacion.pdf).
En este informe, se pone de relieve la escasa autonomía gestora y “la necesidad de establecer el perfil de los directivos como el de un profesional de la gestión y no como un cargo político con una selección basada en el explícito diseño del puesto de trabajo, estando sometido a una evaluación objetiva basada en resultados asistenciales, económicos, de participación profesional y de liderazgo social, dentro de un código de buena gestión directiva”.
En este punto, compartimos que la profesionalización de los directivos y gestores de la sanidad pública son objetivos irrenunciables en la dirección y gestión sanitaria.
Pero no solo basta con que nuestros gestores sean buenos profesionales. Es imprescindible que nuestros directivos sean nombrados y rindan cuentas de su desempeño, no a los políticos de turno, sino a Consejos de Gobierno semejantes a los Consejos de Administración de las empresas. Estos Consejos de Gobierno, de los hospitales y áreas de salud, deberían estar formados por profesionales y representantes de la sociedad, elegidos mediante un proceso transparente y democrático en función de criterios técnicos alejados de la influencia de los políticos.
Los jefes de servicio, como responsables últimos de la gestión más cercana a los pacientes, y los propios facultativos como responsables últimos de la variabilidad en la práctica clínica, deberían ser también objeto de una evaluación del desempeño mediante criterios transparentes y objetivos, incluyendo la recertificación de su competencia, que permita garantizar a los ciudadanos unos estándares mínimos de calidad asistencial. Instituciones como los Colegios de Médicos deberían tener un papel protagonista en este punto.
Como resultado de estas deliberaciones, debemos exigir como Líneas rojas o o Principios irrenunciables de Buen Gobierno de nuestro sistema sanitario:
- La despolitización y profesionalización de los directivos y gestores de la sanidad pública.
- La creación de Consejos de Gobierno en Hospitales y Áreas de Salud, que deberían ser responsables del nombramiento y evaluación del desempeño de los directivos sanitarios.
- Los profesionales sanitarios, incluyendo los Jefes de Servicio, deben ser, igualmente, evaluados de manera objetiva y transparente. En esta evaluación, junto a los directivos sanitarios, los Colegios de Médicos deberían tener un papel protagonista.
Consideramos todos estos principios básicos de buen gobierno como los pilares fundamentales para la sostenibilidad de nuestro sistema y su exigencia debería pasar a formar parte del ideario que, como profesionales preocupados por el futuro de nuestra sanidad, llevemos implícito en nuestras futuras demandas.
Seguimos debatiendo. Seguimos trabajando. Seguimos soñando realidades.
FSP-UGT lamenta que a la Junta le importe "un rábano" la opinión de los sanitarios en la reestructuración de la Primaria
La secretaria general de FSP-UGT en Castilla y León, Carmen Amez, ha lamentado que a la Consejería de Sanidad de la Junta le importe "un rábano" la opinión de los profesionales a la hora de reestructurar la Atención Primaria.
Carmen Amez ha criticado en una rueda de prensa en la sede de UGT Salamanca que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, lleve adelante unos cambios en el sistema que suponen "un desmantelamiento" de la atención en el medio rural.
La responsable sindical ha insistido en que coinciden con la Administración en las "necesidades" de los servicios urbanos pero que su fortalecimiento no puede darse "a costa" de dejar a los pueblos en una situación "lamentable".
Acompañada de la secretaria regional de Sanidad FSP, Nieves Martínez de la Torre, y la secretaria Provincial de Sanidad de la FSP, Susana Sánchez Castro, Carmen Amez ha subrayado que la Junta ha seguido con una decisión que, a pesar de las reuniones, se ha tomado de manera "unilateral y sin consenso" y que"deriva al deterioro de la asistencia".
Fuente: www.teinteresa.es
Carmen Amez ha criticado en una rueda de prensa en la sede de UGT Salamanca que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, lleve adelante unos cambios en el sistema que suponen "un desmantelamiento" de la atención en el medio rural.
La responsable sindical ha insistido en que coinciden con la Administración en las "necesidades" de los servicios urbanos pero que su fortalecimiento no puede darse "a costa" de dejar a los pueblos en una situación "lamentable".
Acompañada de la secretaria regional de Sanidad FSP, Nieves Martínez de la Torre, y la secretaria Provincial de Sanidad de la FSP, Susana Sánchez Castro, Carmen Amez ha subrayado que la Junta ha seguido con una decisión que, a pesar de las reuniones, se ha tomado de manera "unilateral y sin consenso" y que"deriva al deterioro de la asistencia".
Fuente: www.teinteresa.es
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