Si algo ha dejado claro la torpe respuesta que nuestras autoridades están dando a la crisis económica actual, es que los profesionales sanitarios no podemos seguir aceptando por más tiempo, lo habitual como lo normal, ni seguir pasando consulta aislados de la mediocridad y la improvisación que
impregna las decisiones de nuestros gestores, mientras, como contraposición, nos exigimos rigor en nuestra práctica clínica diaria. Acostumbrados a una obscena politización de la sanidad, a la improvisación y a la ausencia de sistemas de información transparentes y objetivos, ha llegado el momento de plantear, y exigir, alternativas reales que fortalezcan las estructuras y garanticen la sostenibilidad a largo plazo de un sistema sanitario público, equitativo, eficiente y de calidad (largo plazo: dícese del periodo de tiempo que abarca más de un proceso electoral)
Para empezar, un análisis riguroso de la realidad, necesita de unos datos fiables en los que basar el verdadero diagnóstico del problema. En este sentido, aunque, probablemente, existen datos que, como meros números circulan entre los hospitales/centros de salud y las administraciones, realmente no existe un sistema de información en lo administrativo y en lo clínico que convierta esos datos en verdaderos indicadores de eficacia, calidad y eficiencia. Las comparativas de datos entre hospitales o centros de salud existentes en el antiguo INSALUD han desaparecido con las transferencias autonómicas hasta llegar a la absurda, pero normalizada situación, en la que no se considera una obligación de buen gobierno hacer de estos datos un uso transparente, y de la rendición de cuentas un hábito. Efectivamente, todo profesional sabe que sin un buen diagnóstico es imposible dar un adecuado tratamiento y que la mala planificación con objetivos alejados de criterios técnicos sólo da como resultado un mal diagnóstico.
De este modo, consideramos imprescindible la creación de un OBSERVATORIO profesional e independiente, que analice los datos de nuestro sistema sanitario en base a criterios de eficacia de la práctica clínica, de eficiencia en la utilización de los recursos, y de equidad en el acceso de la población a un sistema sanitario que, lejos de ser gratuito, pagamos entre todos con nuestros impuestos.
Un análisis riguroso de dichos datos debería hacerse, teniendo en cuenta, que los resultados en medicina, perdónennos los mercados, se miden en salud, y no en beneficios netamente económicos. Dicho esto, todos los economistas saben y la propia OMS lo refleja, que la salud de una población, más allá de otras consideraciones morales, es uno de los pilares sobre los que se asienta el bienestar económico. El dinero adecuadamente gastado en salud es siempre una inversión y no un gasto.
Una vez establecido que el análisis de los datos es un pilar para la mejora de nuestro sistema sanitario, se hace imprescindible la existencia de AUDITORÍAS independientes que certifiquen la veracidad de los datos para que la rendición de cuentas sea todo lo transparente que un sistema pagado con dinero público debe ser.
Ni que decir tiene que el funcionamiento, tanto del observatorio como de los órganos auditores, tienen que nacer de la independencia y el conocimiento técnico, y que su parasitación política nos volvería a conducir a diagnósticos y tratamientos erróneos.
Como referente cercano de priorización de políticas sanitarias participativas y transparentes, tenemos el reciente ejemplo del mandato del Gobierno británico a su NHS en relación al análisis de resultados en salud denominado Patient Reported Outcomes Measures (indicadores y resultados por centros en libre acceso en:
https://indicators.ic.nhs.uk/webview/ y www.ic.nhs.uk/proms)
En este sentido, consideramos fundamentales como Líneas rojas o Principios irrenunciables de Buen Gobierno de nuestro sistema sanitario:
-Sistemas de información veraces en lo administrativo y en lo clínico con indicadores de calidad, eficicacia y coste-efectividad.
-Creación de un observatorio independiente que analice y compare los datos.
-Creación de un órgano auditor independiente que verifique los datos.
Una vez garantizados estos puntos, se hace necesario la recuperación de los planes de salud donde se establezcan los recursos, los objetivos y las prioridades, en un flujo de información desde abajo retomando el concepto de las zonas básicas de salud como punto de partida de estos flujos bidireccionales que unen lo clínico con lo gestor.
Con respecto a los órganos directivos de nuestros hospitales/centros de salud, la Asociación Española de Directivos de la Salud, SEDISA, acaba de publicar un informe que resalta el inasumible problema de la politización de los directivos sanitarios, entre los que el 70% considera que su selección depende más de su afinidad política que de su formación en gestión.
(http://www.sedisa.net/archivosweb/files/NPSEDISAInformeProfesionalizacion.pdf).
En este informe, se pone de relieve la escasa autonomía gestora y “la necesidad de establecer el perfil de los directivos como el de un profesional de la gestión y no como un cargo político con una selección basada en el explícito diseño del puesto de trabajo, estando sometido a una evaluación objetiva basada en resultados asistenciales, económicos, de participación profesional y de liderazgo social, dentro de un código de buena gestión directiva”.
En este punto, compartimos que la profesionalización de los directivos y gestores de la sanidad pública son objetivos irrenunciables en la dirección y gestión sanitaria.
Pero no solo basta con que nuestros gestores sean buenos profesionales. Es imprescindible que nuestros directivos sean nombrados y rindan cuentas de su desempeño, no a los políticos de turno, sino a Consejos de Gobierno semejantes a los Consejos de Administración de las empresas. Estos Consejos de Gobierno, de los hospitales y áreas de salud, deberían estar formados por profesionales y representantes de la sociedad, elegidos mediante un proceso transparente y democrático en función de criterios técnicos alejados de la influencia de los políticos.
Los jefes de servicio, como responsables últimos de la gestión más cercana a los pacientes, y los propios facultativos como responsables últimos de la variabilidad en la práctica clínica, deberían ser también objeto de una evaluación del desempeño mediante criterios transparentes y objetivos, incluyendo la recertificación de su competencia, que permita garantizar a los ciudadanos unos estándares mínimos de calidad asistencial. Instituciones como los Colegios de Médicos deberían tener un papel protagonista en este punto.
Como resultado de estas deliberaciones, debemos exigir como Líneas rojas o o Principios irrenunciables de Buen Gobierno de nuestro sistema sanitario:
- La despolitización y profesionalización de los directivos y gestores de la sanidad pública.
- La creación de Consejos de Gobierno en Hospitales y Áreas de Salud, que deberían ser responsables del nombramiento y evaluación del desempeño de los directivos sanitarios.
- Los profesionales sanitarios, incluyendo los Jefes de Servicio, deben ser, igualmente, evaluados de manera objetiva y transparente. En esta evaluación, junto a los directivos sanitarios, los Colegios de Médicos deberían tener un papel protagonista.
Consideramos todos estos principios básicos de buen gobierno como los pilares fundamentales para la sostenibilidad de nuestro sistema y su exigencia debería pasar a formar parte del ideario que, como profesionales preocupados por el futuro de nuestra sanidad, llevemos implícito en nuestras futuras demandas.
Seguimos debatiendo. Seguimos trabajando. Seguimos soñando realidades.
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